La nacionalización de la industria
petrolera venezolana, efectiva el 1 de enero de 1976, no fue un evento
impulsivo, sino la culminación de un proceso legal, técnico y político de carácter
socialista, meticulosamente planeado. Un hito esencial en este proceso fue la
creación, mediante el Decreto N°10 de 1974, publicado en gaceta oficial en
Gaceta Oficial Nº 30.358, de la Comisión Presidencial de Reversión. Esta
comisión fue el cerebro operativo detrás de la ley que adelantaría la
recuperación de las concesiones otorgadas a las compañías extranjeras (majors),
la mayoría de las cuales estaban programadas para revertir a la nación entre
1983 y 1984.
1. Integración y Naturaleza Plural de la
Comisión
La fortaleza y legitimidad del proyecto
de nacionalización radicaron en la composición plural de la Comisión
Presidencial de Reversión. El entonces presidente, Carlos Andrés Pérez,
se aseguró de que el grupo de trabajo de 35 miembros, representara el consenso
nacional sobre la necesidad de ejercer la soberanía económica.
La Comisión estuvo integrada por
destacadas personalidades y expertos petroleros de diversas corrientes
ideológicas y sectores de la vida nacional:
- Economistas
y Académicos:
Figuras como Domingo F. Maza Zavala y Gastón Parra Luzardo aportaron la
visión macroeconómica y académica, Enrique Tejera
París (AD), Alejandro Zhalout, Pedro Gómez Narvaez y Hayde Castillo
de López (Economista) garantizando una base conceptual sólida para la
toma de control de los activos.
- Políticos
y Exministros: La
presencia de Freddy Muñoz (representante de la izquierda política MAS),
Radames Larrazabal (PCV) y exministros petroleros como Álvaro Silva
Calderón (MEP) y Hugo Pérez La Salvia (quienes ya tenían experiencia en la
negociación con las concesionarias), Leonardo Montiel Ortega (URD), Armando Azpúrua (Cruzada Cívica Nacionalista), Celestino Armas
(AD) aseguró la viabilidad política y la experticia sectorial.
- Ministerio
de Hidrocarburos: Valentín
Hernández Acosta, ministro de Minas e Hidrocarburos
(presidente de la Comisión) y Carlos Carnevali Rangel, director general de
la CVP (vicepresidente de la Comisión), Rubén Gilson (secretario de la comisión)
- Ministerio
de Finanzas: La participación
de Héctor Hurtado (AD), ministro Hacienda, Carmelo Lauria
(AD), ministro
Fomento
- Oficina
Central de Coordinación y Planificación (CORDILAN): representado por Gumersindo
Rodríguez (AD).
- Representantes
del Congreso: Representando
al congreso Godofredo
González (COPEI) Comisión
Permanente de Minas e Hidrocarburos y Arturo
Hernández Grisanti (AD) Comisión
de Minas de la Cámara de Diputados,.
- Representantes
de la Banca y la Empresa:
La inclusión de figuras como Reinaldo
Cervini (Pro-Venezuela), Rafael
Tudela (Fuerza Democrática Popular), Félix
Miralles (Consejo Bancario Nacional) junto a Luis Enrique
Oberto (COPEI), buscó integrar la perspectiva financiera y del sector
privado, aunque este último se mostró inicialmente reticente.
- Colegios
profesionales: Representantes
por el colegio de abogados Julio
César Arreaza
- Sector
tecnología: Participó
Miguel
Layrisse (CONICIT)
- Representante
de la CTV: Fueron
incluidos Augusto
Malavé Villalba y Luis
Tovar Ravelo y Carlos Piñerúa por Fedepetrol
- Fuerzas
Armadas: Participó
Valentín Montaña Madrid
- Presidencia
de la República: Fueron
nombrados Aníbal
Martínez, Humberto
Peñaloza, Carlos
Rafael Silva, Alirio
Parra y Ezequiel
Monsalve casado
El objetivo de esta integración era
blindar el proyecto legal contra futuras críticas, asegurando que el diseño de
la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos fuera percibido como una política de Estado y no como una
iniciativa partidista. La Comisión trabajó con gran celeridad y rigor técnico,
logrando presentar el proyecto de ley a Pérez en diciembre de 1974, solo meses
después de su instalación.
2. Elementos del informe de la Comisión
presidencial
El Informe señalado contenía, en efecto,
seis libros, relativos a los siguientes aspectos:
2.1 Informe Central de la
Comisión, en el cual se expusieron las ideas básicas que justificaban la
nacionalización de la industria petrolera y se indicaron el conjunto de
conclusiones y recomendaciones de las Subcomisiones.
2.2 Informe sobre
Recursos Energéticos
2.3 Informe sobre el
Aspecto Laboral y de Recursos Humanos
2.4 Informe
Económico-Financiero
2.5 Informe sobre el
Aspecto Operativo de las Futuras Empresas Petroleras Nacionales
2.6 Informe sobre el
Aspecto Jurídico-Organizativo con un Apéndice
2.7 Exposición de Motivos y
el Proyecto de Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio
de los Hidrocarburos.
3. El Proyecto de Ley y la Fractura del
Consenso: El Artículo 5º
El proyecto de ley original elaborado
por la Comisión gozaba de un consenso casi total, con la notable excepción del
voto salvado de Alfredo
Paúl Delfino ( FEDECAMARAS), representante de Fedecámaras (la principal
federación de cámaras de comercio y producción de Venezuela), quien se oponía a
la aceleración de la reversión. La mayoría de la Comisión entendía que el
control estatal debía ser total y absoluto.
Sin embargo, el consenso se quebró
cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, buscando introducir mayor
flexibilidad para el futuro, decidió someter el proyecto a la revisión de un "minúsculo
comité" ejecutivo. Fue este comité el que introdujo el cambio más
controversial: el segundo párrafo al Artículo 5º.
El Controversial Artículo 5º
El texto añadido era corto, pero de
profundas implicaciones:
“En casos especiales y cuando así
convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes [entes
de su propiedad] podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas
actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una
duración determinada”.
Esta adición fue la semilla legal de lo
que más tarde se conocería como la "Apertura Petrolera" en los años
90. Para los sectores nacionalistas más duros (incluyendo a miembros originales
de la Comisión, como Freddy Muñoz), esta cláusula representaba una "puerta
trasera" para el regreso futuro de las transnacionales, socavando el
espíritu de soberanía total que debía prevalecer. La inclusión de la palabra
clave "asociación" garantizaba el control estatal (una participación no
menor al 51%) pero permitía al capital privado operar y participar en la
producción, lo cual era un punto de divergencia ideológica fundamental en la
época.
4. Puntos de Fricción Adicionales en el
Proceso Nacionalizador
Más allá del debate del Artículo 5º, el
proceso de nacionalización generó otras observaciones y críticas significativas
que ocuparon el debate público:
- Monto
de las Indemnizaciones:
El Estado acordó pagar $1.020 millones de dólares a las concesionarias
(principalmente Exxon, Shell y Gulf) como indemnización por los activos no
amortizados que se revertían antes de la fecha original de 1983. Este
monto fue calificado por muchos sectores como "excesivo" o una "venta
a precio de remate" de bienes que legalmente pasarían al Estado en
pocos años, con o sin pago. Los críticos argumentaban que el verdadero
valor contable de los activos era mucho menor al momento de la reversión
anticipada.
- Contratos
de Asistencia Técnica y Comercialización: La negociación de los contratos de
asistencia técnica y los de comercialización con las antiguas
concesionarias se llevó a cabo en un clima de gran reserva y secretismo.
Tras la nacionalización, PDVSA y sus filiales recién creadas (como
Lagoven, Maraven y CVP) no poseían el know-how técnico completo ni
las redes de comercialización internacionales necesarias. Las
transnacionales se aseguraron contratos de asistencia técnica y de marketing
por varios años, lo que, para los críticos, significaba que el país había
nacionalizado la propiedad del subsuelo pero no la capacidad operativa y
de mercado, manteniendo una dependencia tecnológica y comercial
encubierta.
La labor de la Comisión de Reversión fue
indispensable para la materialización legal de la nacionalización, pero los
debates generados por la cláusula de asociación (Art. 5º), las indemnizaciones
y los contratos de asistencia técnica continuaron definiendo la política
petrolera venezolana durante las siguientes décadas.
Ing. Robny Jauregui
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Referencias
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